Un juicio inédito por los menores privados de la libertad

“Lo esencial es invisible a los ojos”. El personaje de El Principito hablaba de aquello que es oscuro a la razón, que pasa por las narices y se ignora. Algo de eso está pasando con el sistema de Justicia penal: de tanto estar ocupado y “preocupado” por los vaivenes de una polémica reforma, deja de lado otros aspectos decisivos en materia de juzgamiento, como los procesos que sirven a la criminalización y estigmatización de los niños menores con prisión perpetua o los detenidos por causas asistenciales. El martes se hará una audiencia inédita por “los menores privados de la libertad”. Nada menos. Y quiénes integran el tribunal, el demandado, los accionantes y el motivo de la audiencia pública no son poca cosa. Tampoco el lugar: Washington DC, en la OEA (Organización de los Estados Americanos). Allí viajó un grupo de abogados platenses de ONGs como la Asociación Anahí y el Colectivo de Derechos de Infancia. En tren de presentaciones, el tribunal juzgador no se queda atrás: la CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos). Y el demandado: el Estado Argentino. Un reciente informe de Unicef y la secretaría de DDHH denuncia que unos 20.000 niños y adolescentes están privados de la libertad en Argentina. El 87,1% está internado por situaciones de riesgo y sólo un 12,1% por causas penales. Y el informe no incluye a los 3.438 chicos institucionalizados en la provincia de Córdoba por situaciones de riesgo (que llevarían la cifra a 23.000). El letrado Gabriel Vitali adelantó a Hoy qué peticiones harán a la CIDH: que se revisen las internaciones de menores por causas sociales y criminales, y las condenas a prisión perpetua dictadas a menores de 18 años. Es que, según los demandantes, se presume que los jóvenes, por ser “inimputables”, no reciben castigo alguno del Estado cuando cometen delitos. Al menos eso circula en los medios o el ideario popular. Ante la CIDH se esgrimirá que esa idea es errónea. Las leyes penales de menores disponen que los jóvenes desde los 16 años sean sometidos a un juicio penal similar al de los adultos. Si son hallados penalmente responsables, y aun durante el proceso, pueden ser privados de la libertad. Iguales consecuencias pueden sufrir quienes están debajo de esa edad, con excepción de la posibilidad de aplicarles una pena del Código Penal prevista para los adultos. En todos estos casos, la privación de la libertad se fundamenta en la personalidad, “estado de riesgo”, condiciones personales, familiares o la necesidad de ser protegido -tutelado-. Para protegerlos se les quita o restringe la libertad. Para los demandantes, las llamadas “medidas tutelares o de protección” son penas encubiertas, libradas a la completa discrecionalidad del juez de Menores. La audiencia oral se ventilará el mismo día que la CIDH reciba las posturas sobre la desaparición Julio López, testigo clave en el juicio contra el represor Miguel Etchecolatz. Los accionantes no buscan obtener condena ni resarcimiento, sino dar cuenta de la situación informal del sistema tutelar de menores, que se estableció en nuestra legislación para beneficiar a niños y adolescentes y ha permitido el surgimiento de un sistema punitivo / tutelar que no se somete a los controles constitucionales del sistema penal formal, y es fuente permanente de vulneración de derechos constitucionales, en el ámbito procesal, y en el de las garantías sustanciales. Alcanzaría con que la Corte Interamericana decida realizar algún monitoreo de los institutos y los procesos sin forma de juicio; con la aplicación de medidas sin participación de abogados defensores ni fiscales (sólo “asesores”) y dictadas por tiempo indeterminado. Según afirman, las sanciones privativas de libertad que vulneran el principio de legalidad demuestran que las leyes de menores tienen serias deficiencias para garantizar los derechos de los niños y adolescentes. Uno de los argumentos del Colectivo de Derechos de la Infancia indica que el sistema especial de menores, nacido para proteger los derechos de los niños, ha terminado por menoscabar su posición jurídica, situación que devino aun más evidente con la detención de chicos en comisarías en estado de hacinamiento y maltrato policial, abandonados por quienes deberían proteger sus derechos: los jueces. En La Plata, entre las fiscalías, juzgados y defensorías de “mayores”, en la misma “gran manzana” de calles 8 y 56, comparten despachos los llamados tribunales de Menores. A diario, los pasillos están abarrotados de madres y padres, la mayoría pobres, litigando al mismo tiempo por adopción, libertad para un hijo, restitución de hogar, asistencia psicológica, trámite por reincidencia delictiva, internación toxicológica, cambio de hogar, tenencia compartida, tutela de una abuela o tía, cuota alimentaria y hasta monedas para el regreso en colectivo. No es exageración. Lo asistencial y lo penal, perforado, “en el mismo lodo, todos manoseaos”.