En la Argentina hay cerca de 20 mil chicos privados de la libertad

Se encuentran alojados en institutos de menores. Según el informe conjunto de UNICEF y la Secretaría de Derechos Humanos, en la mayoría de los casos no es por cuestiones penales, sino por problemas asistenciales. Y estiman que la cifra real podría exceder en un 40% estos datos oficiales.


En la Argentina hay cerca de 20 mil chicos privados de la libertad. Pero en la mayoría de los casos no es por cuestiones penales. Así se desprende de un informe publicado hoy por UNICEF y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

El documento detalla que en el país hay 19.579 menores de 18 años privados de libertad. De ellos, el 84,8% se encuentra en esa situación bajo medidas judiciales o administrativas de tipo asistencial, pero que no tienen que ver con causas penales.

Esta situación vulnera la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, a la cual el Estado argentino adhiere. La Convención establece que la privación de libertad de los menores debe ser una medida de último recurso y por el menor tiempo posible.

"La Argentina encierra sistemáticamente a chicos y chicas con problemas asistenciales, lo que no ofrece ninguna solución a su problemática y tiene consecuencias físicas, psíquicas y sociales para el menor", indicó la directora nacional de Derechos de Personas y Grupos Vulnerables, Victoria Martínez, responsable del informe "Privados de libertad, situación de niños, niñas y adolescentes en Argentina", realizado en base a datos oficiales a diciembre de 2005.

Martínez explicó que la "inexistencia de una norma unificada que identifique a los menores privados de libertad y la persistencia de viejas prácticas hace que algunos de los datos oficiales recibidos no concuerden con la realidad".

En este sentido, la funcionaria calculó que la cifra real de niños privados de libertad en Argentina podría exceder hasta en un 40 por ciento los datos oficiales publicados en el informe.

La representante de Unicef en Argentina, Gladys Acosta, destacó a su vez el impulso del Gobierno por sacar a la luz la situación de los menores.

Para la funcionaria de Naciones Unidas, "transformar esta situación demorará años, sobre todo porque como toda práctica arraigada se crearán zonas grises de resistencia".

Martínez identificó "a la tendencia cultural de judicializar y encerrar a los menores necesitados de asistencia" como la principal causa de esta situación.

"No debe parecernos natural que priven de libertad a un menor y que lo aíslen de su ambiente, escuela y entorno, del mismo modo que no nos parecieron naturales los secuestros y los cambios de identidad de los hijos de los desaparecidos" durante la última dictadura militar (1976-1983), afirmó la responsable del informe.